Resumen—El artículo expone algunas reflexiones acerca de la relación entre el derecho a la ciudad desde el enfoque de género y seguridad, poniendo énfasis en el continuum de violencias de las que son víctimas mujeres y niñas y que restringen su plena ciudadanía, su desarrollo y su libertad. Abordar la problemática de la violencia de género desde el ámbito local implica que los gobiernos municipales deben asumir un papel preponderante en la erradicación de este flagelo, no sólo porque las manifestaciones y secuelas son más flagrantes en este nivel, sino también porque el espacio local representa el origen de las omisiones y desigualdades a transformar para ciudades inclusivas y seguras. A partir de una sucinta introducción a cada eje de intervención pública, se destacan algunas buenas prácticas impulsadas desde el ámbito subnacional. Experiencias reseñadas a partir de la sistematización en diversos bancos de buenas prácticas y analizadas bajo el método analógico para un análisis de las conexiones y relaciones halladas entre las distintas experiencias con el fin de orientar el alcance, modo y capacidad innovadora con la que los gobiernos locales pueden contribuir a la erradicación de la violencia de género.
Palabras clave—Violencia de género, Agenda municipal, Buenas prácticas locales, Políticas públicas contra la violencia de género.
Abstract—This article presents some considerations about the relationship between the right to the city, gender perspective, and security. The main focus is on the continuum of violence against women and girls which restricts their citizenship, their development, and their liberty. The local governments play a key role in ending violence against women because the manifestations of violence are more evident at the local level. Additionally, the local space represents the origin of omissions and inequalities that are necessary to transform towards inclusive and safe cities. Starting with a brief introduction from each perspective, the article presents some good local practices with the purpose to guide the public local policies to ending gender violence.
Keywords—Gender violence, Municipal agenda, Good local practices, Public policies against gender violence.
Si hay algo que en América Latina nos ha preocupado casi tanto como la pobreza es, sin lugar a dudas, la inseguridad en nuestras ciudades. Dos cuestiones intrínsecamente relacionadas; dos antagonismos de la promesa del progreso en las urbes que más allá de extinguirse tiende a profundizarse con cada crisis económica, social o política que azota a los países de la región.
Al igual que el fenómeno de la pobreza ha afectado mayoritariamente a las mujeres y la infancia, resulta necesario advertir, asimismo, que la inseguridad de las mujeres es distinta a la que experimentan los varones en el espacio público, sin mencionar la que ya nos consta sucede en el ámbito privado. Las ciudades, organizadas y diseñadas desde una perspectiva ciega a las necesidades específicas de las mujeres, por defecto, han omitido también las vulneraciones concretas que en razón de género las somete aún hoy a violencias diversas y restricciones que no solo han condicionado su uso y disfrute, sino también su propia seguridad.
Aún más, la constante invisibilidad de los asuntos vinculados a las mujeres ha dado lugar a que la violencia que sobre ellas se ha ejercido en el ámbito privado durante siglos se mantuviera al margen de las políticas públicas. La sociedad misma ha permanecido indiferente a lo que ocurría puertas adentro, alimentando así la normalización de la violencia hacia las mujeres y niñas como un orden natural de las relaciones humanas y la hegemonía masculinizada del poder. Rita Segato afirma en este sentido:
Los crímenes a las mujeres usualmente son empujados al reino de la intimidad y no es así. En realidad, incluso los asesinatos de la intimidad son plenamente públicos, porque tienen que ver con la obligación del hombre de mantener su posición: de control de los cuerpos, de su territorio... El mandato de masculinidad es un mandato público.
Si bien la articulación de las mujeres y su irrupción en espacios de incidencia y toma de decisión (Falu, 2015) han contribuido a visibilizar el flagelo de la violencia de género y colocar en el centro del debate que lo personal es político, no ha sido ni eficaz ni suficiente la respuesta desde los Estados. Aun cuando la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención de Belém do Pará ha sido ratificada por todos los países de la región, los Estados latinoamericanos y del Caribe adoptaron inicialmente leyes orientadas a combatir la ´violencia doméstica', como concepto que si bien recogía las manifestaciones de violencia hacia las mujeres, lo hacía desde el enfoque familista, esto es, colocando la problemática de la violencia como resultado de los conflictos de pareja y sugiriendo la protección de la unión de la familia como institución (Buritica, 2015, citada en Sanchez, 2018). Un modelo que, a pesar de que en la última década varios países de la región han promulgado leyes de segunda generación para el abordaje integral de las violencias de género, todavía persiste en gran parte de la lógica estatal de atención a víctimas, que lejos de proteger sus derechos, promueve la reconciliación entre la víctima y su agresor, al tiempo que las revictimiza con el descrédito, la culpabilización, la re-exposición al agresor, llegando en no pocos casos al feminicidio como eslabón último del continuum de violencias y la inoperancia de las instituciones públicas para proteger a las víctimas.
Cynthia Cockburn (2004) se refiere al continuum de la violencia como una dinámica donde la agresión, particularmente contra las mujeres, es continua, y no distingue el tiempo ni el espacio. De ahí que la violencia de género no solo tenga lugar en la esfera privada sino que por las mismas razones se reproduce en el espacio público. La corporalidad femenina parece estar sentenciada al mandato de poder que el patriarcado ha logrado instaurar en todos los ámbitos, tanto social, cultural, económico y político, a través de distintas formas de opresión y múltiples violencias.
América Latina asiste hoy a un resurgimiento de discursos y poderosas campañas antiderechos que cuestionan y atentan contra la igualdad, anteponiendo a los derechos de las mujeres la unidad familiar aún en casos de violencia, abogando por la estatización de sus cuerpos, obstaculizando la educación sexual integral, así como definiendo despectivamente al género como ´´ideología de género”, un concepto errónea pero sagazmente creado y difundido para quebrantar el avance incontestable de la revolución feminista de los últimos tiempos.
Los derechos de las mujeres se ven amenazados, en este sentido, por la misoginia y un discurso que justifica las desigualdades, los estereotipos de género y las violencias hacia las mujeres. Pero por otro lado, el alto índice de feminicidios y la exacerbación de la brutalidad de los crímenes (violaciones múltiples, violaciones con empalamiento, atentados con agentes químicos, fuego en carne viva, etc.) han dado lugar a una alerta global y una voz de alarma que han alzado las propias mujeres, organizadas, autoconvocadas, que han tomado calles y distintos espacios reivindicado el derecho a vivir sin miedo ni violencias. Las multitudinarias manifestaciones que se vienen dando en diversas ciudades del mundo bajo lemas comunes como #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos, #BastaYA, la ´´Marcha de las Mujeres”, el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo, y hasta la mediática campaña de denuncia #MeToo, han propiciado que la lucha contra la violencia de género comience a ocupar un espacio más preponderante en la agenda social y política, aunque no con suficientes compromisos aún.
Y es el ámbito local, el que por su cercanía con la comunidad, recibe el impacto más palpable y sentido del flagelo de la violencia de género. Pero también, esa misma proximidad y los rasgos distintivos de la propia identidad local, sugieren la oportunidad de actuar de manera más coherente desde lo local. La Tello (1998) sobre las mujeres en el gobierno local afirmaba en este sentido: ´´Los problemas y desafíos que enfrenta la humanidad son globales, pero transcurren y deben ser tratados en el ámbito local”.
La asociación entre la lucha contra las violencias hacia las mujeres y la pertinencia de actuar desde lo local responde asimismo a la vindicación feminista del ´derecho a la ciudad' como concepto instaurado por Henri Lefèvre y que más tarde algunas expertas han ampliado desde el enfoque de género poniendo énfasis en las distintas categorías de análisis acerca del acceso, uso, apropiación, disfrute del espacio público, así como el usufructo de los servicios y equipamientos urbanos. Un derecho a la ciudad restringido para las mujeres en la medida en que la percepción de inseguridad y las manifestaciones concretas de violencia retrotraen su movilidad y pleno disfrute del espacio público, condicionando y limitando al mismo tiempo su autonomía, ciudadanía activa y calidad de vidaCarta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, 2004..
Las violencias hacia las mujeres en el espacio público si bien están directamente relacionadas a la sujeción de estas al mandato de masculinidad que impone reglas tácitas de poder, dominación y ´dueñidad' (Segato, 2016), están al mismo tiempo determinadas por los componentes territoriales asociados tanto a la cultura local, como al diseño urbano, la prestación de los servicios públicos, el discurso de los medios, así como la participación de las mujeres en el desarrollo económico local y en los espacios de poder y toma de decisión. Componentes territoriales que determinan un soporte espacial para lo masculino, y otro distinto para lo femenino (Massolo, 2005: 8); extremos que sin lugar a dudas alimentan las opresiones, discriminaciones y violencias hacia las mujeres, ´´siendo el cuerpo el primer territorio en disputa a recuperar por las mujeres” (Falu, 2015: 209).
El Estado es responsable de garantizar los derechos humanos de las personas, entre ellos, prevenir y erradicar la violencia en razón de género. Una responsabilidad que alcanza a la competencia de los gobiernos locales como brazo ejecutor de la gestión pública territorializada. Porque las violencias están sus calles, en sus barrios, en la vida de sus vecinos y vecinas que hacen comunidad. Al mismo tiempo, tienen a su alcance las fuerzas vivas de la politicidad y por ende, podrían --mejor que ninguna otra instancia-- propiciar la transformación urbana, social y política hacia valores de convivencia y paz, justicia social e igualdad sustantiva.
Buena parte de los gobiernos locales de la región han activado ya instrumentos y servicios que buscan combatir la violencia de género. La alerta social ante esta pandemia no es ajena a ningún país, y se podría afirmar que actualmente ocupa un lugar prioritario en las agendas políticas y sociales comprometidas con los derechos de las mujeres en el occidente.
Sin embargo, es importante advertir que gran parte de estos esfuerzos son parciales o sectoriales, por lo que el impacto apenas alcanza a amortiguar la calamidad. Todavía hoy la mayoría de las intervenciones públicas contra la violencia de género se siguen circunscribiendo a aquella que tiene lugar en el ámbito privado, en las relaciones de parentesco o consanguinidad, eludiendo las diversas manifestaciones que las mujeres sufren también en el espacio público.
Además de enfatizar en la violencia intrafamiliar, la mayoría de las políticas públicas enmarcadas en la lucha contra la violencia de género también actúan con una concepción asistencialista, es decir, cuando las mujeres ya han sido víctimas de un episodio de violencia. Un defecto asociado es tratar a las mujeres solo como víctimas e inhibir sus decisiones y elecciones en ejercicio de su derecho a la libertad (Rainero, 2006).
Lo cierto es que una política pública contra la violencia de género no puede reducirse solo a la atención a víctimas como la mayoría de las administraciones --especialmente las municipales-- viene enfocando la problemática; como tampoco puede ser un asunto que competa solo a las áreas municipales de género. Tanto la igualdad sustantiva, como la lucha contra la violencia de género en particular, son asuntos que deben ser tratados de manera transversal. El abordaje debe afrontarse desde una perspectiva holística, traspasando las fronteras de lo privado a lo público, y ampliando el reconocimiento de las distintas formas que puede adoptar la violencia de género, sea física, sexual, emocional, económica, patrimonial, política o institucional, ampliando acciones de prevención tanto en el ámbito social, como en el económico y cultural; ámbitos de obligada intervención por parte de los municipios (Tello, 2016).
Es necesario destacar que algunos pocos municipios sí están trabajando en una línea más amplia de reconocimiento de derechos y, aunque los desafíos son importantes, están apostando por remover las desigualdades estructurales y subyacentes que dan lugar a la violencia de género. Una apuesta que debe concebirse a largo plazo pero que a la vez precisa medidas eslabonadas de corto y mediano plazo, como parte de la ´ruta del cambio' hacia la anhelada igualdad sustantiva.
Tal vez uno de los aportes más transformadores que ha tenido el movimiento feminista es la generación de conocimiento, tanto teórico, conceptual como empírico. Y si bien ha contribuido a que cada vez más se visibilice la condición y posición de las mujeres en distintos ámbitos del desarrollo, la realidad es que todavía existen vacíos de información que den cuenta de las brechas de género de forma integral, fehaciente y vigente. Tampoco es suficiente el relevamiento de cifras acerca del número de víctimas de la violencia machista perpetrada por parejas, ex parejas, o víctimas de la violencia sexual. Especialmente, llama la atención que los distintos estudios e informes sobre la situación de inseguridad ciudadana, criminalidad o violencia urbana, no visibilicen las violencias específicas que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, distintos tipos de violencias que difícilmente le ocurrirían a un hombre, como por ejemplo, la agresión sexual o la violación.
Tomar la decisión de intervenir sobre un problema determinado, como es la violencia de género, debiera partir por un diagnóstico situacional apoyado en información estadística que aporte conocimiento sobre las mujeres, y sobre las características de estas frente a las violencias, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. ¿Cuántas víctimas anuales? ¿Cuántas denuncias? ¿Qué tipo de mujeres son víctimas (tramos de edad, condición económica, nivel educativo, situación de dependencia), ¿Dónde viven las víctimas (en la ciudad, en el campo, en la periferia, en cordones de pobreza, en barrios conflictivos, tipo de vivienda)? ¿Cuál es el perfil de los agresores? ¿Cuáles son los puntos o rutas críticas de los territorios de mayor incidencia de las violencias hacia las mujeres? ¿Qué servicios o recursos públicos existen y están a disposición de las víctimas en el territorio? ¿Cuáles son las características de la infraestructura urbana donde ocurren los actos de violencia hacia las mujeres? ¿Cuál es el presupuesto municipal destinado hasta ahora para combatir la violencia hacia las mujeres? ¿Qué otras áreas o dependencias municipales podrían ser aliadas estratégicas para la prevención de la violencia de género? ¿Qué organizaciones sociales de la ciudad trabajan en la lucha contra la violencia de género? ¿De qué forma?
El análisis de género requiere en este momento poder contar con indicadores de género, lo cual va más allá de desagregar datos por sexo. Se trata también de profundizar en las relaciones de género y las causas subyacentes de la desigualdad que dan lugar a la violencia hacia las mujeres, de tal manera que las intervenciones sean integrales y puedan abordar las distintas dimensiones de la violencia para resultados más efectivos.
La Declaración Tello (2013) enfatizaba específicamente en la necesidad de recolectar, producir, registrar, monitorear y sistematizar datos e información sobre la violencia hacia las mujeres como insumos permanentes para la gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia de género en el espacio local.
Aun cuando generar información estadística puede suponer un importante desafío para los municipios, hacerlo en el ámbito local puede aportar diagnósticos más cabales. Desde otra perspectiva, mantener una visión y opinión global generalizada a partir de las estadísticas nacionales sobre el estado, avance o estancamiento de las mujeres, no solo invisibiliza las disparidades territoriales sino que contribuye a menospreciar la pertinencia de actuar desde lo local para el logro de compromisos, estrategias y resultados con más sentido para la población.
Lo saben bien en la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá D.C., que apostó por una estrategia de gestión del conocimiento desde la cual se dirige el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), encargado de generar información estadística así como estudios e investigaciones que dan cuenta de las condiciones de las mujeres en la ciudad, información clave como línea base de la toma de decisiones y el monitoreo en la medición del impacto de las políticas públicas.
En Cuenca, Ecuador, se instituye en el año 2013 el Observatorio a Casos de Violencia de Género e Intrafamiliar que, como en pocos casos, se enmarca en el Centro de Estudios Estratégicos de Seguridad Ciudadana, poniendo de relieve que la seguridad de las mujeres no es un asunto aislado y, por el contrario, es asumido de manera transversal en el Plan Integral de Seguridad Ciudadana. Este Observatorio, integrado por entidades municipales, académicas y representantes del movimiento de mujeres, tiene como fin dar seguimiento a los casos de violencia de género e intrafamiliar judicializados, generando indicadores de cumplimiento, calidad y calidez en la atención de las víctimas, así como generar insumos a la toma de decisiones para la prevención, atención, protección y erradicación de la violencia.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un Sistema único de información que emite análisis estadísticos respecto a la incidencia delictiva por violación, abuso sexual, otros delitos sexuales y violencia familiar, incluyendo también indicadores para el análisis del delito de feminicidio. Este instrumento ha permitido visibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres, focalizar y georreferenciar acciones de prevención y procuración de justicia para las mujeres.
Otra interesante estrategia de diagnóstico implementada en distintas ciudades son las Caminatas Exploratorias de Seguridad, generalmente promovidas por las organizaciones de mujeres de la ciudad, quienes invitan a las autoridades políticas y/u otros actores vinculados --tales como la policía o urbanistas--, a ser parte de un recorrido por la ciudad (o por barrios determinados) buscando identificar los puntos menos seguros para las mujeres en las ciudades. Durante la caminata se observan los puntos críticos para la seguridad tales como: iluminación adecuada, señalización, estaciones de policía cercanas, sitios deshabitados que pueden ser refugio de posibles agresores, visibilidad, etc. Los hallazgos obtenidos a partir de las caminatas exploratorias contribuyen a tomar medidas de prevención de las violencias urbanas desde el enfoque de género, en un claro ejercicio de participación y construcción colectiva de alternativas de solución.
La violencia de género es un problema estructural que se sostiene en el arraigo de la cultura patriarcal y, por tanto, no puede tratarse de manera aislada sin atender a la multiplicidad de causas y manifestaciones. Un problema en el que toda la sociedad tiene algo que ver y donde cada quien puede contribuir a la transformación para avanzar hacia una convivencia de respeto y sin violencias.
La apuesta en este sentido debe ser remover los imaginarios sociales que han alimentado el desbalance en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, promoviendo valores de igualdad, a partir de acciones de sensibilización. Sin embargo, ¿qué significa sensibilizar desde el enfoque de género y educar en igualdad?
No se trata solo de campañas publicitarias contra la violencia de género o actos conmemorativos los 25 de noviembre motivando la denuncia y condena social de este flagelo. Sensibilizar y educar en igualdad supone apostar de manera permanente por la transformación hacia una cultura igualitaria desde la infancia, en los colegios, en el deporte, en los medios de comunicación, en el arte y la música, en el mercado laboral, en el poder y, por supuesto, en la corresponsabilidad en el cuidado.
La Intendencia de Montevideo (Uruguay) lanzó en 2017 la Campaña ´´MontevideoXigual” que tiene como objetivo fomentar el compromiso personal de hombres y mujeres para que modifiquen sus pautas de comportamiento y promuevan la idea de que #LaViolenciaEmpiezaconlaDesigualdad (hashtag usado en las redes sociales). De esta Campaña se destaca la importante presencia en medios de comunicación, vía pública, redes sociales e intervenciones urbanas de impacto.
Sensibilizar y educar desde el enfoque de género para la construcción de relaciones más igualitarias no siempre tiene que implicar grandes presupuestos. A veces solo hace falta voluntad política y creatividad para propiciar cambios. Así fue la apuesta de la Alcaldesa de Génova, en Guatemala, que al iniciar su gestión al frente del municipio en 2016, impulsó una disposición municipal que obliga a las y los contrayentes a realizar un curso prematrimonial tendiente a sensibilizar y prevenir la violencia de género, a la vez que brinda orientación sobre los derechos y recursos que amparan a las mujeres víctimas de este flagelo.
Por su parte, la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia (Argentina) puso en marcha en 2016 los ´´Talleres de Noviazgos No Violentos” que, bajo la modalidad de conversatorios, tienen como fin deconstruir el mito del amor romántico que tiende a legitimar prácticas nocivas como los celos, el control, la posesión y el aislamiento, muy presentes en las relaciones de la población adolescente actual. En dos años desde su implementación, los Talleres alcanzaron a casi 2000 jóvenes participantes en estas capacitaciones que se orientan al surgimiento de relaciones saludables, de cuidado y respeto mutuo.
Y sin esperar a que el fenómeno de la violencia machista tenga lugar, en Oviedo (España), la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento puso en marcha en el año 2001 hasta la actualidad un Proyecto de Coeducación destinado a la comunidad educativa (alumnado, profesorado y asociaciones de madres y padres) de los centros escolares de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria del municipio. El Proyecto tiene como fin promover la igualdad de trato en niños y niñas a través del fomento de actitudes positivas basadas en la tolerancia y el respeto, para evitar así cualquier tipo de discriminación de género.
Del mismo modo, es clave que las mujeres sean destinatarias de las acciones de sensibilización, con el fin de que puedan tomar conciencia de su posición de opresión o desigualdad, conozcan sus derechos y se reconozcan en sus potencialidades. Que puedan creer en sí mismas y convencerse de que están legitimadas a actuar en las decisiones que les conciernen. Marcela (Lagarde, 1999: 7) advierte que ´´Las ideologías patriarcales han calado profundamente en las mujeres y muchas no sienten el derecho a tener derechos como mujeres”. Esto tiene relación con el empoderamiento de las mujeres, condición indispensable para combatir la violencia de género.
La violencia de género si bien es un comportamiento de opresión, depende en gran medida de la condición de la persona oprimida. La evidencia empírica constata que --aunque no están exentas de sufrir episodios de violencia de género--, las mujeres empoderadas suelen salir más fácilmente de las relaciones que intentan oprimirlas. Por lo tanto, es preciso empoderar a las mujeres para que puedan alejarse de situaciones de vulnerabilidad, promoviendo su autonomía económica, la autoestima, el conocimiento de sus derechos y los recursos que la amparan.
Hablar de empoderamiento personal es hablar de fortalecer las capacidades personales para luchar contra las violencias desde la trinchera. Es consolidar las fuerzas, el talento, la confianza en sí mismas, despejando de ese modo cualquier hálito de vulnerabilidad.
En el marco del Programa ´´Metepec decide por la No Violencia y la Igualdad de Género”, este municipio mexicano, a través de la Dirección de Igualdad de Género impulsó en 2016 una serie de líneas de acción tendientes a prevenir y erradicar la violencia hacia mujeres y niñas. Entre otros componentes, el programa incluyó Talleres de Autoempleo, que a través de capacitación en oficios, pretende que las mujeres puedan contar con herramientas y habilidades para la generación de proyectos productivos de autoempleo que les permitan tener autonomía económica y, por ende, mejores condiciones para enfrentar y huir de relaciones de violencia y dependencia.
Con el mismo fin, la Secretaría de la Mujer y la Familia del Gobierno Municipal de Cercado Tarija (Bolivia), implementó en 2017 el Programa Integral para el Empoderamiento Personal y Económico de las Mujeres ´´Mujeres Autónomas y Emprendedoras”. Este programa, a través de procesos de desarrollo personal, capacitación técnica laboral y emprendedurismo, busca contribuir a la independencia económica. En una primera fase, se generaron espacios para el empoderamiento personal y autoestima con enfoque de género, intercambio de experiencias motivacionales y de recreación: danzaterapia, músicoterapia, gimnasia pasiva, pilates, zumba, taichí, respiración consiente, masoterapia, etc. En una segunda etapa, se desarrollaron cursos de capacitación laboral, mientras que en la tercera etapa se facilitó el acompañamiento a iniciativas productivas, logrando llegar a 350 mujeres, en su mayoría víctimas de violencia, mujeres privadas de libertad, mujeres del comercio informal, productoras del área rural, entre otras.
La huella del patriarcado reflejada en tantas dimensiones como la vida misma, no solo representa una amenaza a los derechos de las mujeres, sino que también supone un alto coste para los hombres (Keijzer, 2011; Segato, 2017). La división sexual del trabajo, las violencias machistas, la subrepresentación femenina en espacios de poder y toma de decisión, ha favorecido la masculinidad hegemónica en los distintos ámbitos de la vida personal y en comunidad, sin embargo, hoy interpeladas por el avance de las mujeres, su irrupción en el espacio público y la vindicación de sus derechos.
Tal avance, tal interpelación, sin duda ha trastocado los cimientos y privilegios del patriarcado. Este nuevo escenario de tensiones se anticipa desde algunos sectores como amenaza y las resistencias se afianzan a la todavía posición de poder que ostentan. No obstante, otro sector ve en esta revisión una oportunidad de cambio para las relaciones humanas que no solo beneficiaría a las mujeres, sino también a los hombres, a partir de la deconstrucción del mandato de masculinidad que asimismo les victimiza y vulnera cuando ellos no alcanzan el estándar demostrativo de la posición de poder y fortaleza.
Lo cierto es que no considerar a los hombres en la lucha contra la violencia de género es como remar contracorriente. Parece lógico, pero pocas intervenciones y políticas públicas están sumando a los hombres en sus estrategias o, si lo hacen, apenas es como parte del universo de población a la que se dirigen las campañas de sensibilización a través de la publicidad.
Se insiste, en este sentido, en ´´la necesidad de tratar al género como una categoría relacional y de visibilizar las masculinidades en las políticas de género” (Greene, 2011: 26). Se trata de involucrarlos para transformar los imaginarios y lograr cambios de comportamiento y actitudes basados en el entendimiento de que mujeres y hombres, a pesar de sus diferentes condiciones y necesidades, poseen los mismos derechos y responsabilidades. Esto se extiende tanto al ámbito de la ciudadanía, el poder político, la participación en el mercado laboral, la vida social, el uso del tiempo, la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y el cuidado, entre otras tantas dimensiones más.
En el ámbito de las violencias hacia las mujeres, el análisis de género debiera generar y aportar datos acerca de los agresores (edad, nivel educativo, condición laboral, estatus de reincidencia, si es drogodependiente, etc.) y a partir de dicha información diseñar estrategias de prevención de las violencias con los hombres, coherentes con las causas que subyace en ellos el comportamiento violento, entendiendo también que no todos los hombres tienen la misma relación con el ejercicio del poder (Barker, 2012).
La Tello (2009) afirma al respecto: ´´La responsabilidad de hombres y niños y su involucramiento para una transformación social son esenciales para que las mujeres y niñas vivan vidas libres de violencia”. Así lo asumió la Secretaría de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y Trata de Personas de la Provincia de Córdoba (Argentina), que promovió la creación del Centro de Atención Integral para Varones, al que se derivan los agresores una vez tiene lugar la denuncia por violencia de género para una atención psico-socio-educativa.
Con los mismos fines, en la Comuna de San Antonio (Chile), se comenzó a implementar en 2011 el proyecto ´´Hombre, Libre de Violencia”, que atiende a hombres que ejercen violencia en el contexto de pareja. La intervención está orientada a la reeducación individual y grupal, a través de un proceso de introspección en el sujeto, para que pueda reconocer, concientizar y lograr la modificación de sus relaciones de pareja desde la no violencia. Esto se acompaña de un componente de peritaje psicosocial y otro de sensibilización socio comunitaria en temáticas de masculinidad y género en relación con las violencias.
Desde otra perspectiva la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá D.C. lanzó en 2017 la Campaña ´´Soy un hombre sin vergüenza”, dirigida a los hombres con el fin de impulsar las transformaciones socioculturales necesarias para disminuir las prácticas e imaginarios asociados al machismo en Bogotá, relacionadas con la naturalización de las tareas de cuidado como responsabilidad de las mujeres; la violencia como forma de relacionamiento masculina; la paternidad y maternidad como tarea compartida y la sexualidad responsable.
Retomando el concepto del derecho de las mujeres a la ciudad, cabe reconocer que las ciudades fueron construidas ciegas a las necesidades de las mujeres y sus intereses estratégicos, restringiendo, como ya se ha dicho, la libertad y el pleno disfrute del espacio público por parte de las mujeres.
El acelerado crecimiento urbano ha contribuido sin lugar a dudas a esa invisibilización, que más ha respondido a los intereses capitalistas que a la vida en comunidad: fragmentación urbana, gentrificación, alta congestión vehicular en desmedro del transporte público, planes habitacionales carentes de servicios de proximidad, residenciales de lujo que conviven con cinturones de pobreza dando lugar a la segregación social, entre otras condiciones que bien podemos advertir han sido perjudiciales para los sectores más desfavorecidos, especialmente para las mujeres. La vivencia en las ciudades está, por tanto, condicionada por el género (Aguerri, 2016).
Por supuesto todo esto tiene relación con la seguridad de las mujeres en el espacio público. Numerosos aportes de urbanistas feministas y la colocación del tema a través de redes de mujeres, como es el caso de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, han contribuido a profundizar en el conocimiento acerca de cuáles son los desafíos de las ciudades para hacer de estas escenarios inclusivos y seguros para las mujeres.
La relación de las mujeres con la ciudad está condicionada por diversos factores como la luz, la visibilidad, la hora, el trazado de las calles y el propio tránsito vehicular. Las mujeres restringen su movilidad cuando es de noche, o si el alumbrado público es insuficiente, evitan los callejones estrechos y pasar por portales con rellanos, evitan los parques con poca iluminación, los baldíos, o zonas de escaso tránsito. Pero sea de día o de noche, las mujeres transitan el espacio público siempre en estado de alerta, con temor. Un temor muy distinto al que pueden experimentar los hombres, puesto que las violencias urbanas de las que ellos pueden ser objeto, difícilmente tenga connotaciones sexuales.
Es indudable que tales revelaciones lamentablemente no han tomado aún el impulso esperado para la metamorfosis de ciudades a repensar desde el enfoque de género, que va más allá de las necesidades específicas de las mujeres. Tiene que ver con la ampliación del derecho a la ciudad por parte de todas las personas, con independencia de su sexo, edad, raza, etnia, condición económica, orientación sexual o capacidades diferentes.
Sin embargo, es importante destacar también que existen interesantes iniciativas a nivel local, que están apostando por esa metamorfosis volviendo la mirada hacia sí mismas y buscando identificar cómo concebir y transformar esos espacios desde la perspectiva de género. La 3ra Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible -Hábitat III- abrió un marco de oportunidades y espacios para influir en postulados y compromisos desde la perspectiva de género, raza y etnia para el desarrollo de las ciudades. También lo harían la Tello (2013) exhortando a los gobiernos municipales a repensar las ciudades desde los derechos de las mujeres, y la Tello (2016) que, entre otros puntos, resaltaba la necesidad de vincular las distintas formas de violencias que sufren las mujeres tanto en el ámbito privado como público, poniendo foco en el feminicidio como reto que demanda acciones consistentes por parte de la intervención pública a todos los niveles. En 2017, autoridades locales, mujeres de base comunitaria, sector privado, academia y agencias de Naciones Unidas suscribieron en Ciudad de México un Compromiso Global para la Acción: Ciudades y Espacios Públicos Inclusivos, Sostenibles y Seguros para las Mujeres y las Niñas. Y más recientemente, en mayo de 2018, las autoridades y organizaciones participantes en la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género suscribieron la Declaración de Cuenca, priorizando en sus postulados la urgente necesidad de compromisos desde el ámbito local para consolidar garantías para el derecho a una vida libre de violencias.
Los gobiernos locales están llamados a ser motores del cambio y la transformación para territorios de oportunidades y seguros para todos y todas. Y algunos están siendo pioneros en este desafío.
Quizá las experiencias más destacadas en esta dimensión son las dadas en el marco del Programa insignia de ONU Mujeres ´´Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas” lanzado en el año 2010 a nivel mundial y que cuenta actualmente con más de 30 ciudades adheridas, 16 de las cuales están en América Latina: Colombia (Medellín, Bogotá, Villavicencio, Cali, Popayán); Ecuador (Quito y Cuenca); Guatemala (Ciudad de Guatemala); Honduras (Tegucigalpa); México (Ciudad de México, Puebla, Torreón, Guadalajara, Monterrey); República Dominicana (Santo Domingo) y Uruguay (Montevideo). Las iniciativas impulsadas en cada ciudad responden a los temas de mayor preocupación según el contexto local, pero básicamente se comprometen a cuatro ejes estratégicos: i) Generar datos y construir alianzas para el cambio; ii) Desarrollar e implementar normas y políticas integrales de prevención, atención y erradicación de la violencia sexual contra las mujeres, iii) Invertir en infraestructuras que mejoren la seguridad en los espacios públicos y fomenten el desarrollo económico y el empoderamiento de las mujeres; y iv) Transformar las normas sociales.
Los antecedentes a este Programa se remontan al año 2006, donde promovido por la Red Mujer y Hábitat de América Latina y coordinado por UNIFEM (actualmente ONU Mujeres) con el patrocinio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), nacía el Programa Regional ´´Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todas y todos”. En aquella oportunidad, las acciones de intervención se definieron en torno a la generación de conocimiento, sensibilización, capacitación de actores, desarrollo de intervenciones participativas en las ciudades y fortalecimiento de redes de incidencia. Las ciudades que acogieron el Programa fueron Bogotá (Colombia), Rosario (Argentina), Santiago (Chile), Recife (Brasil), entre otras.
En México, a iniciativa de la Asociación Civil Gente Diversa, entre los años 2011 y 2016 se implementó el proyecto ´´Ciudades seguras para las mujeres” en 5 municipios de Baja California, abarcando 48 microterritorios de alta incidencia delictiva. La estrategia de intervención en este caso se ha apoyado en la creación de grupos de mujeres entre quienes, a partir de procesos de auto-empoderamiento, se promovió su articulación social y participación ciudadana para involucrarlas en estrategias de prevención situacional, rescate de espacios públicos y construcción de alianzas para recuperar la seguridad ciudadana. Algunos de los resultados más emblemáticos son los diagnósticos construidos de manera participativa para cada microterritorio, agendas ciudadanas, espacios públicos recuperados, indicadores sobre mujeres víctimas de violencia, y más de un millar de mujeres capacitadas.
Diseñado en conjunto con 56 dependencias de gobierno y sociedad civil de Ciudad de México, el Programa ´´Recuperación de Espacios Libres de Violencia contra las Mujeres”, implementado desde 2009, ha recuperado más de 70 espacios públicos considerados zonas de riesgo para las mujeres, como han sido el rescate de pasos inseguros para llegar a los transportes públicos; puentes y bajo puentes donde se puede generar el delito, y donde las mujeres restringen su paso por esos espacios; así como parques, jardines y deportivos que habían disminuido su uso colectivo antes de la intervención.
En Brasil, promovido por la Confederación Nacional de Municipios y el Movimiento de Mujeres Municipalistas, se ejecutó entre 2014 y 2016 el proyecto ´´Municipios Seguros y Libres de Violencia contra las Mujeres” con el apoyo financiero de la Unión Europea. Este proyecto se implementó en 10 municipios del país, donde se crearon grupos de trabajo que fueron capacitados, propiciando el intercambio de conocimiento entre las distintas ciudades participantes, a partir de lo cual se crearon Pactos Municipales por la No Violencia contra las Mujeres con proyectos, acciones locales y auditorías de seguridad de las mujeres en los territorios.
De acuerdo con Marta Román (citada por Falu, 2016: 217), el miedo coarta el acceso libre de mujeres y niñas al espacio público. Las niñas son educadas con el miedo a la calle, al desconocido, a transitar solas. Marcela Lagarde (2017) es más contundente y afirma: ´´Nos han enseñado a tener miedo a la libertad”. Por su parte, Ana Falu (2018) señala ´´que una mujer que tiene temor a salir a la calle, o una mujer que tiene temor de salir de su casa porque va a ser maltratada cuando vuelva, es una mujer que tiene serios límites a su libertad”.
Porque la seguridad de las mujeres se supone subordinada al dominio público, mayoritariamente androcéntrico y con lamentables muestras de violencia hacia las mujeres y niñas, lo cual orienta un ingreso y uso distinto al de los hombres. Las niñas y mujeres están expuestas a una constante cosificación de sus cuerpos en el espacio público, con vulneraciones de alto componente sexual, que van desde el acoso callejero, las violaciones e incluso el feminicidio.
Durante siglos la respuesta de las mujeres ha sido la de restringir el uso del espacio público por parte de ellas. Por un lado, porque su lugar era el hogar. Por el otro, por el miedo a tener que ceder la propiedad sobre sus cuerpos, sus derechos, sus vidas; o dicho de otro, asumir la responsabilidad y la culpabilidad de exponerse (“¿Por qué saliste sola?” ´´¿por qué fuiste ahí?” ´´Vestida así qué pretendías”, o ´´tú te la buscaste”). Tanto así, que las mujeres optaron, o bien por restringir su movilidad y en consecuencia su desarrollo (estudio, trabajo u ocio), o bien por resignarse y aceptar distintos tipos de violencia, normalizados al punto de que ese constructo social al que asistimos ha moldeado fronteras simbólicas a las niñas y mujeres, que cuando son traspasadas, son a riesgo de renunciar a sus derechos y libertades.
Una de las renuncias derivadas en habituación que más ha restringido el uso y disfrute del espacio público de las mujeres está dada por el acoso sexual callejero. Las cifras alertan de un flagelo cotidiano para gran parte de las mujeres que ante este tipo de situaciones se sienten vulnerables, amenazadas y por supuesto, con un temor perenne que modulará su libertad en el espacio público y que no se puede minorizar. Tal como señala CEPAL, en Lima 9 de cada 10 mujeres entre 18 y 29 años han sido víctimas de acoso callejero (2013). En Bogotá y Ciudad de México 6 de cada 10 mujeres ha vivido alguna agresión sexual en el transporte público (2014), y en el caso de Chile 5 de cada 10 mujeres entre 20 y 29 años declaran haber vivido acoso sexual callejero (2015).
En Chile, Argentina y Paraguay existen ya proyectos de ley que buscan prohibir y sancionar el acoso sexual, mientras que Perú ha sido el primer país latinoamericano en promulgar una Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos, en 2015, instalando el debate sobre la necesidad de tipificar este delito y definir sanciones que contribuyan a su erradicación.
Los gobiernos locales, aun cuando no poseen competencias para promulgar leyes para aplicar sanciones, sí las tienen para crear conciencia sobre el acoso sexual, y para prevenirlo aplicando medidas de protección y atención a las víctimas, acordes con el contexto local. Las medidas más innovadoras en este sentido, por parte de los gobiernos municipales, vienen siendo las orientadas a la seguridad en la movilidad de las mujeres desde el transporte público.
Ciudad de México creó hace más de 15 años el transporte exclusivo para mujeres: vagones rosa en el metro y taxis rosa como solución a la protección de quienes sufren el acoso sexual. Una política no ajena a la crítica respecto a que una vez más, el foco se puso en las mujeres, y no en la transformación cultural de las prácticas machistas que sustentan la violencia de género. Algo en lo que sí se está apostando desde hace unos pocos años atrás, a través de campañas de sensibilización dirigidas a denunciar el acoso sexual, y a poner en valor el derecho de las mujeres a viajar seguras.
En Quito, el desafío fue asumido desde la Alcaldía en alianza con la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros. En 2014 se puso en marcha el Programa ´Cuéntame', que más tarde pasó a llamarse ´Bájale al acoso', y que consiste básicamente en la implantación de cabinas de denuncia en distintas estaciones de la red de autobuses urbanos. El sistema cuenta además con una línea gratuita de denuncia que se activa cuando una mujer se siente increpada por una situación de acoso. No es preciso que la víctima hable, sino que solo con marcar el número, se activa una alarma en el autobús que obliga al conductor a bloquear las puertas de acceso y llevar la unidad hasta la siguiente cabina, donde la víctima puede bajar y denunciar a su agresor, que será en ese momento identificado. A partir de ese momento, la víctima puede acceder a asistencia psicológica y asesoría jurídica, incentivándola a denunciar penalmente el acoso sufrido.
En Bogotá, el Sistema Integrado de Transporte Público prevé, entre otras cosas, cámaras de vigilancia en horarios nocturnos y en paradas de potencial riesgo para la seguridad de las mujeres y personas con distinta orientación sexual.
En algunas ciudades españolas como Bilbao o Vigo, existen también paradas nocturnas personalizadas, conocidas también como paradas ´´a demanda”, ´´intermedias” o ´´antiacoso”, que están dirigidas a reducir el tramo que la mujer tiene que recorrer sola y de noche desde que se baja del autobús hasta su domicilio o el lugar al que se dirija.
Considerando que el 56% de las mujeres bogotanas se sienten inseguras en la ciudadEncuesta de Percepción Ciudadana ´´Bogotá Cómo Vamos”, 2015., en agosto de 2014, Bogotá se convirtió en la primera ciudad de América Latina en implementar ´´Safetipin”, una aplicación de seguridad móvil creada por mujeres en la India. La aplicación permite a las mujeres consultar el estado o riesgo de un determinado lugar de la ciudad, encontrando una serie de comentarios positivos o negativos de acuerdo a la experiencia de cada mujer que haya registrado su valoración en la aplicación. La aplicación ofrece una cartografía completa de la ciudad desde el enfoque de seguridad y género, aportando información sobre la falta de iluminación en las calles, qué zonas tienen antecedentes de atracos y ataques a mujeres, si es una vía cerrada, si hay presencia policial en el área, entre otros aspectos. Información útil que junto a una calificación del 1 al 5 --de acuerdo a la puntuación de las mujeres que ya lo hayan visitado-- permite que cada mujer decida si transita o no por estos sitios.
Asimismo, en Bogotá las mujeres cuentan con la aplicación SofíaApp, que incluye tests, mapas, consejos y servicios de atención que permiten identificar si una mujer está en riesgo o está siendo víctima de violencias y ubicar a las instituciones a las que puede acudir para solicitar atención en salud, solicitar medidas de protección y acceder a la justicia.
Similar herramienta ofrece la Ciudad de México, a través del Instituto de las Mujeres, que desde 2016 cuenta con la aplicación móvil ´´Vive Segura”, la cual permite, a través del reporte de casos de acoso y riesgo, identificar y evaluar las zonas de riesgo de la ciudad. La App permite reportar en línea diversas situaciones de violencia sexual tales como silbidos, miradas lascivas, comentarios indecentes, fotografías o videos sin consentimiento, exhibición de órganos sexuales, propuestas sexuales, el cierre del paso, persecución, abuso sexual, tocamiento, manoseo o violación. A su vez, el reporte por parte de las usuarias puede ser completado con una denuncia al Ministerio Público a través de la misma aplicación.
Siendo este el ámbito de mayor intervención por parte de los municipios respecto a la violencia de género, es también uno de los desafíos más importantes que tiene una administración y que puede llegar a ser determinante en la protección de las víctimas y sus vidas. Desde una atención ineficaz, tardía, incompleta o simplemente, desde la inoperancia o ausencia, los servicios de proximidad para una mujer víctima de violencia pueden llegar a facilitar que su agresor acabe con su vida.
Aunque ninguna de las políticas de atención a víctimas puede garantizar la vida, sí es importante destacar que en la medida en que son más integrales, articuladas y eficientes, menos probabilidades existen de engrosar los índices de feminicidio.
Una de las estrategias dables de destacar es el Programa de Seguridad Pública para las Mujeres de Medellín (Colombia), que cuenta con diferentes dispositivos para atender a las víctimas: hogares de acogida, defensa técnica y jurídica, grupos terapéuticos, y la Línea 123 Mujer, una línea telefónica vinculada al número único de emergencias de la ciudad y que, atendida las 24 horas del día por psicólogas y abogadas con formación en género, realiza atención de emergencias a mujeres víctimas de violencia de género.
En 2016, la Secretaría de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y Trata de Personas de la Provincia de Córdoba (Argentina), crea el Polo Integral de la Mujer en situación de Violencia, definido desde un enfoque transversal de la asistencia. En un mismo espacio físico, se articulan distintos programas y servicios: asesoramiento legal, asistencia psicológica y social, asistencia médica, servicios de salud sexual y reproductiva, Sala Cuna para sus hijos/as, programas de ayuda económica ´Nueva Vida', programas de terminalidad educativa para madres adolescentes, seguridad social para la víctima y sus hijos/as, capacitación laboral. Asimismo, cuenta con un Centro Operativo de Monitoreo y Control, desde el cual se atiende una línea telefónica gratuita para emergencias. Y para casos de riesgo inminente, el Polo articula dispositivos con el Poder Judicial y la Policía, tales como el Botón Antipánico, las residencias y la Brigada de Protección a la Mujer.
Actualmente, la esfera política a todos los niveles, inclusive en los gobiernos locales, ha adoptado un discurso a favor de la igualdad. Es políticamente incorrecto que alguien hoy tenga una actitud misógina, aunque hay quienes todavía arguyen posiciones machistas frente a determinadas situaciones. No obstante, la retórica del discurso poco se ha plasmado en compromisos efectivos y mucho menos, en presupuestos sensibles al género que, en definitiva, debiera ser la vara con la que medir el discurso pro igualdad.
Pero más allá de los discursos, las buenas voluntades generalmente se encuentran en pocas personas, algunas de las cuales apenas saben cómo abordar los desafíos. Junto a lo anterior, dependiendo del tamaño y capacidad de la administración municipal, la agenda municipal de género tendrá más o menos margen de maniobra. Lo idóneo es poder contar con un mecanismo de género municipal, habilitado como órgano rector de las políticas públicas de igualdad y transversalidad de género. Por supuesto, dotado de presupuesto, legitimidad política y recursos humanos suficientes y cualificados para acometer su misión.
Tal como se viene señalando líneas arriba, la violencia de género tiene tantas aristas en las consecuencias como en sus causas, por lo que es indispensable que las distintas áreas de la organización municipal se comprometan con la igualdad. Tan importante es que el área de bienestar social incorpore en su gestión el enfoque de género, como el área de urbanismo, servicios públicos o hacienda. La igualdad de género es responsabilidad de todos, pero para lograr el compromiso es importante partir por la concienciación y la convicción de quienes todavía sienten que la igualdad es un asunto de las mujeres, o del área de género en particular, limitando perjudicialmente que la transversalidad de género permee la sectorialidad de las intervenciones públicas, hasta ahora con impactos con importantes sesgos en la vida de mujeres y hombres.
Por lo tanto, para lograr instituciones sensibles al género es primordial trabajar en la concienciación y en estrategias de sensibilización que permeen la estructura orgánica y contribuyan a la cultura organizacional tanto de los municipios, como la del conjunto de instancias y actores sociales que operan en el espacio local. Esto implica desde acciones puntuales de sensibilización hasta programas de capacitación al personal municipal, cuerpos de seguridad, personal sanitario, comunidad educativa, operadores de justicia, medios de comunicación, etc. Jornadas, charlas, cursos son algunas de las modalidades que se pueden implementar en este sentido.
En el 2017, el Instituto de las Mujeres de Ciudad de México implementó la plataforma de capacitación ´´Inmujeresdigital: Aprender para la igualdad”, mediante la cual se impartieron dos cursos en línea autoadministrables, habiendo logrado capacitar 1.455 personas servidoras públicas (1.021 mujeres y 434 hombres). Para 2018 se prevé poner en marcha dos cursos nuevos: ´´Protocolo de actuación en materia de prevención de la violencia en el transporte público” y ´´Programa CDMX. Ciudad Segura y Amigable para mujeres y niñas”.
Siendo tal vez la ciudad que peor reporte ha dado como epicentro de los feminicidios, la administración municipal 2016-2018 de Ciudad Juárez ha decidido tomar cartas en el asunto adoptando, entre otras medidas, el establecimiento de un ´´Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género”. Este Protocolo ofrece un marco regulatorio que establece un procedimiento detallado de la actuación policial para garantizar la protección y seguridad de las víctimas, proporcionando certidumbre jurídica al personal policial y a la ciudadanía al establecer estándares que permitan hacer predecible la aplicación de la ley y la reducción de la discrecionalidad en la actuación policial. Para estos fines, la estrategia viene siendo acompañada de un proceso formativo dirigido a personal policial con perspectiva de género.
Considerando que las ciudades constituyen el anclaje espacial de delitos globalizados como la trata de personas y específicamente los relacionados a la explotación sexual; y siendo las mujeres, niñas y personas transgénero las principales víctimas de poderosas mafias que las esclavizan en pleno siglo XXI gracias a la cultura de la prostitución; los gobiernos locales tienen la responsabilidad de contribuir a transformar las condiciones de subordinación, exclusión y violencia que enfrentan.
Se reconoce, asimismo, que muchas mujeres optan por esta forma de ganar ingresos, pero es preciso entender también que tales decisiones no son del todo libres, puesto que están condicionadas por necesidades vinculadas a la pobreza, la falta de oportunidades y desigualdades de género. De ahí que aún en estos casos, las mujeres en ejercicio de prostitución son víctimas de un sistema de dominación sobre sus cuerpos y libertades que exacerba su exposición a situaciones de inseguridad. Un estudio realizado en Colombia mostró que entre 2004 a 2014 fueron asesinadas en el país 238 mujeres en ejercicio de prostitución.
Los gobiernos locales no pueden eludir esta problemática, y es necesario que se adopten medidas y compromisos interinstitucionales de prevención, protección y asistencia a víctimas, además de acciones de investigación, detención y procesamiento judicial de las organizaciones criminales.
Una de buena práctica local en este sentido es la de la Municipalidad de Rosario (Argentina) que creó en 2012 la ´´Mesa Municipal contra la Trata de Trata de Mujeres, Niños y Niñas con fines de explotación sexual” como un espacio interinstitucional e interjurisdiccional de definiciones en materia de políticas de acción contra este delito. La Mesa asiste de manera directa a víctimas de trata, no solo buscando la sanción penal de los responsables sino ofreciendo la contención necesaria a las víctimas para garantizar su recuperación y la definición de nuevos proyectos de vida. Para las mujeres que por su cuenta ejercen la prostitución, junto a las reconocidas como víctimas de proxenetismo las acciones articuladas proponen mejorar su empleabilidad a través de capacitaciones específicas y/o nivel de instrucción formal a través de becas.
Por su parte, la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá D.C. creó en 2012 la ´´Casa de Todas”, un centro especializado de servicios que atiende a mujeres en ejercicio de prostitución. Allí se prestan servicios de atención socio-jurídica con una perspectiva de justicia de género y servicios de asesoría y atención psicosocial. La Casa de Todas se ha constituido como el espacio en el que las mujeres confluyen y reconstruyen sus opciones ampliando la resignificación de sus vidas.
Tal vez una de las mayores ventajas del ámbito local sea la de poder abrir espacios realmente participativos, dada la proximidad con la ciudadanía. En este orden, las mujeres no pueden ser omitidas de la construcción democrática del territorio y la política comunitaria y es hora de que las acciones dirigidas a promover su empoderamiento y la igualdad de género, las sumen como sujetas de derechos y actoras claves de los procesos de desarrollo.
La democracia paritaria como concepto que apunta a la participación equilibrada y la corresponsabilidad en todos los ámbitos, emplaza asimismo a todos los sectores y componentes de la sociedad en el compromiso y responsabilidad con la igualdad de género. Todas las instancias del Estado, empresas, academia, medios de comunicación, y sociedad civil son elementos indispensables para un Planeta 50/50 como postula ONU Mujeres, avanzando con esfuerzos conjuntos hacia el año 2030 para el logro de esa meta y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin que nadie quede atrás Sin mujeres sujetas de derecho y libres de violencias, las ciudades y asentamientos humanos no serán nunca inclusivos ni seguros, tampoco resilientes y menos aún sostenibles.
Para lograrlo, se debe apostar por la participación y empoderamiento femenino en todos los ámbitos. Uno de ellos, como copartícipes de la toma de decisiones, no solo por una cuestión cuantitativa derivada del derecho de la mitad de los pueblos a ser parte del poder político en igualdad, sino, sobre todo, por la importancia de poder incorporar una perspectiva por mucho tiempo omitida, y que sin lugar a dudas, amplía el enfoque de derechos y la forma de hacer política.
Junto a ello, resulta clave conectar la agenda política local con la agenda de las organizaciones de mujeres presentes en la ciudad, promoviendo espacios permanentes de interlocución, potenciando un estilo de relación democrática en la toma de decisiones y manejando una concepción valorativa de las contribuciones de voces diversas.
Una estrategia exitosa al respecto es la que han adoptado varios municipios latinoamericanos, al instituir órganos consultivos integrados por representantes expertas de las organizaciones sociales especializadas, que no solo vienen aportando luz a la comprensión sobre las vindicaciones feministas, sino que además vienen dotando de legitimidad a la toma de decisiones y sostenibilidad a la política pública.
En la ciudad de Cuenca, Ecuador, se constituye en 2011 la Mesa Cantonal para la Erradicación de la Violencia de Género e Intrafamiliar, cuyas principales líneas de acción están orientadas a la investigación y análisis de la problemática en el Cantón, a la formulación de propuestas orientadas al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos y privados de prevención, atención y erradicación de la violencia de género, al establecimiento de rutas y protocolos de atención y prevención, así como al monitoreo sobre la eficacia de las políticas públicas. La Mesa Cantonal está conformada por autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas a la prestación de servicios de salud, educación, justicia, de la academia, así como delegados y delegadas de las organizaciones comunitarias comprometidas con la defensa del derecho a una vida libre de violencia, habiendo logrado una importante incidencia en la política pública local de lucha contra las violencias de género.
Desde la Secretaría de la Mujer de Bogotá D.C. se crearon en 2013 los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres, con el objetivo de identificar las principales problemáticas para las mujeres en términos de inseguridad, que consideran tanto los hechos de violencia como las percepciones de inseguridad que viven ellas en el territorio. A partir de procesos participativos, se realizó la construcción de los diagnósticos locales de seguridad y convivencia, que fueron la base para la construcción de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres.
Más recientemente, en 2016, se constituye en Rosario (Argentina), la Mesa Consultiva en Violencia de Género conformada por más de 40 representantes de organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, y tiene como misión articular acciones, plantear y recomendar acciones y estrategias para enfrentar la problemática de las violencias hacia las mujeres en el ámbito de las políticas públicas locales, lo cual se apoya en un permanente diálogo con las autoridades municipales.
No son pocos los gobiernos locales que han reconocido la gravedad y necesidad insoslayable de luchar contra la violencia que sufren mujeres y niñas. Se advierte una importante apuesta por combatir este flagelo a través de diversos ejes de acción de la política pública, tal como se observa en las experiencias reseñadas. Sin embargo, entre estos, y otros tantos programas municipales más, se da una constante que pone en riesgo la sostenibilidad: la ausencia, insuficiente o ineficaz institucionalización de dichas políticas.
La institucionalidad de género es altamente estratégica para la consolidación de las políticas públicas que buscan promover y garantizar los derechos y el adelanto de las mujeres para la igualdad. Y puede materializarse de tres maneras:
Estas tres modalidades en que se formaliza la institucionalidad de género precisan, asimismo, ciertas condiciones para su correcta eficacia. Entre otras, a continuación se señalan sucintamente aquellas condiciones claves en la política pública de combate a la violencia de género:
Estos seis elementos: mecanismos de género, base legal, planificación, financiamiento, evaluación y gestión democrática, son los rasgos comunes que comparten las experiencias municipales destacadas en la región en torno a la agenda por la igualdad, la cual, dado el desalentador panorama de la región, tienen como principal desafío la erradicación de la violencia de género, un flagelo que no admite medidas anodinas, porque está en juego, nada más y nada menos que la vida de las mujeres y niñas.
Reconocer el continuum de violencias que afecta a las mujeres implica visibilizarlas e incorporarlas a las políticas públicas de seguridad ciudadana como parte inherente de las mismas (Tello, 2011). Este punto es probablemente el nudo crítico más acuciante en términos de integralidad y eficacia de las medidas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas. En segundo orden, la necesidad de desplegar acciones más coherentes a cada realidad, y en este sentido, son los gobiernos locales los que deben asumir y comprometerse con tal misión.
En este artículo se han expuesto reflexiones y buenas prácticas locales en relación a algunas de las dimensiones más relevantes de la violencia de género, no obstante es importante reconocer que existen también otras opresiones urbanas y sociales que las mujeres sufren solo por el hecho de ser mujeres, tales como la cosificación del cuerpo de las mujeres en los medios, el lenguaje sexista, la violencia política en razón de género, la violencia patrimonial, la violencia obstétrica y la institucional, entre otras tantas más.
Pero visibilizar y reconocer no es suficiente. Es necesario actuar para erradicar los imaginarios y las prácticas que atentan contra los derechos y las libertades de las mujeres y niñas, y garantizar que el derecho a la ciudad sea disfrutado por todos y todas. Para ello resulta insoslayable superar la perspectiva androcéntrica para tomar conciencia de que existen brechas profundas de desigualdad y opresión en razón de género que han traspasado las fronteras de lo privado y que, por tanto, no pueden quedar al margen de la política pública.
En la última década, los gobiernos locales vienen encaminando importante acciones para combatir la violencia de género, aunque gran parte de las mismas tienden a ser parciales y de corto plazo. Para resultados más eficaces, las políticas públicas locales deben contemplar el amplio espectro del continuum de violencias y diseñar estrategias integrales que ataquen las causas estructurales y subyacentes que atropellan contra la dignidad, la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres y niñas.
Ya no valen tampoco las políticas asistencialistas y proteccionistas per se que revictimizan a las mujeres. Las mujeres deben ser ineludiblemente legitimadas como ciudadanas de pleno derecho y sujeto político. Mujeres que se incorporan al debate y la construcción del entendimiento común y la agenda política, desde su diversidad, sus contribuciones y aspiraciones, demandando garantías al derecho a una vida libre de violencias como premisa elemental para su desarrollo y empoderamiento en todas las facetas de su vida.